Las
consecuencias sociales y laborales del TTIP: crónica de un desastre anunciado
El Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) entre EE.UU. y la UE, se está
negociando entre las grandes empresas multinacionales y las élites políticas a
espaldas de la ciudadanía de ambas regiones.
Su objetivo teórico es suprimir obstáculos
arancelarios a la actividad comercial (sin embargo las tasa aduaneras ya son
bastantes bajas: 5,2% en la Unión Europea y 3,5% en los Estados Unidos de
América), la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo.
Su objetivo real es desregular y eliminar
derechos sociales, laborales, sindicales, normativas medioambientales y
privatizar los servicios públicos, como la salud, la educación, el agua, los
transportes, etc., para conseguir más beneficios.
El TTIP pretende garantizar las inversiones
de las empresas por encima de las leyes de los Estados, hasta el punto de que
éstos tendrán que indemnizar a las empresas si ven perjudicado el nivel
previsto de sus ganancias, a través del Instrumento de Resolución de Conflictos
entre Inversores y Estados, los famosos tribunales de arbitraje, no sometidos a
la justicia ordinaria de los Estados.
El TTIP es una vuelta de tuerca más, para
acabar con los derechos de la ciudadanía y disciplinar a los trabajadores y
trabajadoras, al acentuar los procesos de recortes, privatización y
liberalización de flujos de capitales, aumentando todavía más el poder del gran
capital, tal como ha sucedido con otros tratados, como con el Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica (NAFTA en inglés).
Desde esta perspectiva sus consecuencias van
a ser negativas para la agricultura, la alimentación y el medio rural, la
salud, la privacidad, el empleo, los derechos laborales y sociales y el medio
ambiente.
CONSECUENCIAS
PARA EL EMPLEO Y LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES
Según el gobierno de EE.UU. con el TTIP se
crearían millones de puestos de trabajo. Existen estudios que hablan de la
creación de 750.000 empleos y de un aumento del Producto Interior Bruto (PIB)
en la UE de entre 1% y 0,5% hasta el 2.027, pero la misma Comisión lo reduce al
0,1%. Se destruirían empleos en la industria cárnica, el sector de los
fertilizantes, el bioetanol, el azúcar, bienes de equipo y el metalúrgico.
Un estudio alternativo y crítico realizado
por la Universidad de Tufts, afirma, entre otras cosas, que se perderían
600.000 puestos de trabajo en la UE, las rentas del trabajo se reducirían en su
participación en el PIB y se perderían ingresos públicos.
En lo que se refiere a los derechos laborales
y sindicales, hay que tener en cuenta la “armonización” de la regulación, la
igualación a la baja.
En Estados Unidos los derechos laborales y
sindicales brillan por su ausencia, en la Unión Europea por ahora están
garantizados, pero no armonizados, al menos aunque formalmente estén
mínimamente garantizados, se conculcan e incumplen cada vez más.
EE.UU. solamente ha firmado dos de los ocho
convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los contrarios al
trabajo infantil y al trabajo esclavo, pero no los que se refieren a la
negociación colectiva y al derecho de organización y asociación.
Tampoco ha ratificado el Pacto Internacional
de Derechos Económicos (incluidos los derechos laborales, sindicales y de
salud), sociales y culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, mediante la resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y que
entró en vigor el 3 de enero de 1976.
Asimismo, entre los Estados de la Unión
existe una competitividad por atraer inversores, tanto de otros Estados como de
países extranjeros, para los cual en 24 de ellos han rebajado los salarios y
recortado derechos en seguridad y salud laboral. La negociación colectiva y la
organización sindical no están reconocidas, por lo tanto el derecho de huelga y
la libertad sindical han desaparecido del mundo laboral.
Se dan “facilidades para trabajar”
(disponibilidad para el empleo o empleabilidad), en lugar de trabajo. Se ha
implantado el llamado Workfare, la aceptación de cualquier trabajo bajo presión
por parte de los parados (desde una visión neoliberal se responsabiliza a los
desempleados de su propia situación, y no al contexto socioeconómico que
produce paro, pobreza y desigualdad), que también se denomina paradójicamente
right to work (derecho a trabajar). No está establecido el salario mínimo, ni
la seguridad y la salud en el centro de trabajo.
Los trabajadores de algunas multinacionales,
como Wal-Mart y McDonald's, cobran salarios de hambre, y tanto es así, que
tienen que solicitar los bonos de alimentación que concede el gobierno a los
pobres.
Esta es la situación laboral que muy
probablemente podría implantarse en los países de la UE, en aras de la
competitividad, si llegara a firmarse el TTIP.
Por otro lado, EE.UU. es el país más desigual
del mundo, donde no se reconoce el acceso a la atención médica como un derecho
humano fundamental. Su sistema de salud es privado casi en su totalidad y de
baja calidad. Recientemente se ha ampliado la atención sanitaria con el
presidente Obama, sin embargo casi la mitad de los 50 Estados de la Unión se
niegan a ampliar la atención sanitaria para los pobres.
Esta situación es debida principalmente al
poder económico de las grandes aseguradoras médicas. El que tiene dinero puede
acceder a una atención sanitaria de calidad.
Por su parte la UE hace ya décadas que aplica
la política neoliberal en todos los ámbitos, incluido especialmente el
socioeconómico, la política social, donde está incluida la política laboral,
que se delega claramente en los Estados miembros. Dicha política no sólo no
acaba con la desigualdad, el paro y la pobreza sino que los agudiza. Se limita
a diseñar y elaborar Planes, para que los pongan en marcha los Estados.
Se considera a los parados, igual que en
EE.UU., como los únicos responsables de su situación, por lo que hay que
hacerlos “empleables”, aplicándoles “políticas activas de empleo”
(individualizan el problema) y presionándoles para que acepten cualquier
empleo, al potenciar los contratos temporales y a tiempo parcial, el trabajo
precario.
Las prestaciones han perdido su consideración
de DERECHOS y se han tornado en “contratos obligacionales”, cual seguro
asistencial, debilitando seriamente las condiciones laborales.
Se está ampliando la edad de jubilación y
reduciendo las pensiones. Las reformas laborales dan todavía más poder a los
empresarios. Por este motivo, ha habido huelgas generales en Grecia, Portugal,
España y, recientemente, también en Italia y Bélgica.
Esta es la precaria situación de los derechos
laborales y sociales en la UE, en el marco del Tratado de Lisboa todavía
vigente, que se asemeja cada vez más, de un modo inquietante y peligroso, a los
parámetros estadounidenses.
Por consiguiente, es necesario luchar contra
esta construcción europea y contra el TTIP, desde la sociedad civil, los
trabajadores y trabajadoras y los sindicatos alternativos de clase, de forma
coordinada y eficaz, para que el gran capital no logre hacer desaparecer los
derechos fundamentales, entre los que se encuentran los derechos sociales,
laborales y sindicales, cuya eliminación es el objetivo real de estos acuerdos.
¡Contra
la globalización de la explotación económica, internacionalismo obrero y
solidaridad de clase!
BLOQUE
COMBATIVO Y DE CLASE:
ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES (AST)
BALADRE
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)
CONFEDERACIÓN
NACIONAL DEL TRABAJO (CNT)
COMISIONES DE BASE (CO.BAS)
COORDINADORA SINDICAL DE CLASE (CSC)
INTERSINDICAL ARAGON (IA)
SINDICATO ASAMBLEARIO DE SANIDAD (SAS)
SOLIDARIDAD OBRERA (SO)
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